La última semana evidenció de manera muy concreta cómo el mercado brasileño de iGaming y apuestas deportivas avanza hacia una etapa más estructurada, institucionalizada y, al mismo tiempo, más exigente.

Decisiones del gobierno federal, datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda e iniciativas privadas orientadas a la inteligencia regulatoria apuntan a un ecosistema que deja atrás la fase de experimentación y entra en un ciclo de consolidación regulada.

Más que movimientos puntuales, los acontecimientos recientes revelan un cambio de postura tanto del poder público como del propio mercado.

Brasil comienza a tratar al sector no solo como una nueva fuente de recaudación, sino como una industria que exige gobernanza, previsibilidad jurídica, control sistémico y mecanismos claros de supervisión.

Este enfoque reposiciona al país en el radar internacional, acercándolo a jurisdicciones más maduras y elevando el nivel de responsabilidad para todos los actores involucrados.

Al mismo tiempo, la rápida expansión del número de operadores autorizados, la ampliación del alcance regulatorio más allá del B2C y el avance del debate fiscal crean un entorno más competitivo y selectivo.

Operar en Brasil sigue ofreciendo escala y potencial de crecimiento, pero ahora exige planificación estratégica, capacidad de compliance y una lectura constante del entorno político y regulatorio.

Los temas que marcaron la semana ayudan a comprender cómo Brasil está sentando las bases de su nueva fase en el iGaming:

Una etapa en la que crecimiento, control institucional, inteligencia de mercado y presión fiscal avanzan en paralelo y comienzan a definir quiénes están realmente preparados para permanecer y competir a medio y largo plazo.

La regulación avanza más allá de los operadores

Uno de los movimientos más relevantes de la semana fue la apertura de una consulta pública por parte del Ministerio de Hacienda para debatir requisitos regulatorios aplicables a los proveedores del sector de apuestas e iGaming.

La iniciativa está liderada por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), organismo responsable de la implementación y supervisión del mercado regulado, actualmente dependiente del ministerio encabezado por Fernando Haddad.

Hasta ahora, el proceso regulatorio brasileño había estado fuertemente concentrado en los operadores B2C.

Con la nueva consulta, el foco se amplía a toda la cadena que sostiene el ecosistema, incluyendo proveedores tecnológicos, plataformas de juego, agregadores, sistemas de apuestas, medios de pago y soluciones de KYC, AML, antifraude y compliance.

En la práctica, el gobierno señala su intención de establecer criterios mínimos de actuación, responsabilidades técnicas y estándares de conformidad también para los proveedores, reduciendo zonas grises y riesgos operativos.

La propuesta sigue la lógica de mercados regulados más maduros, donde el control no se limita a la oferta al consumidor final, sino que alcanza los bastidores tecnológicos y financieros de la operación.

Para las empresas proveedoras, este movimiento representa un cambio estructural relevante.

Además de aumentar los costes de adaptación y cumplimiento normativo, la regulación tiende a redefinir las relaciones comerciales, exigiendo un mayor alineamiento entre operadores licenciados y socios tecnológicos.

Al mismo tiempo, crea un entorno más previsible, con reglas claras y menor exposición a riesgos regulatorios a medio y largo plazo.

Este avance refuerza también un mensaje político claro: Brasil no pretende construir su mercado regulado únicamente con un enfoque recaudatorio o permisivo.

La ampliación del alcance regulatorio indica una estrategia de control sistémico, orientada a la sostenibilidad, la integridad operativa y una mayor credibilidad institucional ante inversores y organismos internacionales.

La lista oficial de operadores confirma una expansión acelerada en Brasil

La publicación, por parte del Ministerio de Hacienda, de una lista oficial con 184 plataformas autorizadas a operar en el mercado regulado brasileño de apuestas online confirma la velocidad a la que se ha expandido el sector desde la entrada en vigor del nuevo marco legal.

La relación, divulgada por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), reúne a los operadores considerados aptos para actuar en el país bajo las normas establecidas por el gobierno federal.

La cifra llama la atención no solo por su volumen, sino por lo que representa en términos de competitividad y madurez del mercado.

En pocos meses, Brasil pasó de un escenario ampliamente desregulado a un ecosistema formalmente estructurado, con criterios de autorización, exigencias de compliance y supervisión centralizada.

Según el propio Ministerio de Hacienda, la publicación de la lista busca dar transparencia al mercado, orientar a los consumidores y señalar qué empresas cumplen los requisitos legales para operar hasta la finalización definitiva del proceso de licenciamiento.

Se trata también de una herramienta de ordenamiento del sector en un momento de transición entre el mercado informal y el modelo plenamente regulado.

En un ecosistema cada vez más poblado, el simple hecho de estar licenciado deja de ser una ventaja competitiva y pasa a ser una condición mínima de permanencia.

La competencia tiende a concentrarse en factores como eficiencia operativa, solidez financiera, posicionamiento de marca, adaptación cultural al público local y capacidad de operar dentro de un entorno regulatorio más estricto.

Para los operadores internacionales, la lista funciona además como un termómetro del apetito global por el mercado brasileño, hoy considerado uno de los más prometedores —y al mismo tiempo más desafiantes— entre las nuevas jurisdicciones reguladas.

La lista completa de plataformas autorizadas puede consultarse en el sitio oficial del gobierno federal.

Datos e inteligencia ganan protagonismo

Oddsgate lanza “Brasil On Track”, una plataforma estratégica para el mercado regulado de iGaming en Brasil

Oddsgate anunció el lanzamiento de la plataforma “Brasil On Track”, una solución estratégica desarrollada para ayudar a operadores y participantes del ecosistema a navegar el mercado regulado de iGaming en Brasil.

La iniciativa fue presentada el 5 de febrero de 2026 y llega en un momento en que la regulación brasileña completa su primer año bajo la Ley 14.790/2023, que aportó mayor claridad jurídica, estructura fiscal y requisitos de conformidad para el sector.

“Brasil On Track ofrece monitoreo en tiempo real de hitos regulatorios, indicadores de mercado y requisitos operativos, conectando las actualizaciones legales con su impacto directo en los negocios y vinculándolas a fuentes oficiales”, señala el comunicado de lanzamiento de Oddsgate.

La plataforma fue concebida para transformar la complejidad regulatoria y las exigencias legales en una base de consulta continua y accesible.

Incluye funcionalidades como

• seguimiento en vivo de actualizaciones regulatorias y proyectos de ley en curso; un mapa operativo que traduce cambios legales en acciones prácticas de compliance
• información de mercado sobre demografía de jugadores e indicadores clave
•  visibilidad sobre estructuras tributarias, etapas de licenciamiento y requisitos de entrada al mercado; y focos específicos en KYC, AML, herramientas de autoexclusión, protección al consumidor y juego responsable.

Según el Director de Asuntos Regulatorios de Oddsgate, Valter Delfraro Jr., la Ley 14.790/2023 representó un hito que “puso fin a años de incertidumbre y proporcionó seguridad jurídica y claridad operativa”. Destacó que esta nueva fase posiciona al sector brasileño del juego a la par de mercados maduros, aumentando su competitividad internacional y atrayendo inversores globales.

“Transformamos la regulación en una guía práctica y continua para operar en Brasil con menos riesgo y mayor claridad”, añadió Wagner Fernandes, Chief Marketing Officer de Oddsgate, subrayando que la plataforma está diseñada para apoyar a equipos que ingresan, expanden u optimizan operaciones en el país.

El lanzamiento de “Brasil On Track” se produce en un contexto de rápida evolución regulatoria, en el que, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el sector generó cerca de R$ 36.000 millones en ingresos brutos de juego entre enero y septiembre de 2025, con R$ 3.300 millones recaudados en impuestos federales en el mismo período, evidenciando la escala y el dinamismo del mercado nacional.

La llegada de esta herramienta refleja una demanda creciente de inteligencia de mercado estructurada, indicando que operadores y proveedores ya no buscan solo noticias y actualizaciones, sino soluciones capaces de integrar datos regulatorios con insights operativos y estratégicos en tiempo real.

La tributación entra en el centro del debate

Si por un lado la regulación avanza y el mercado se organiza, por otro la discusión fiscal se convierte en uno de los temas más sensibles del momento, tanto para el gobierno como para los actores del sector.

La posibilidad de una carga tributaria total de hasta el 42% sobre el iGaming y las apuestas deportivas no es solo un escenario teórico, sino un debate con impacto directo en el plano político y económico nacional.

Eso incluye interacciones entre el Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y representantes de la industria.

En declaraciones relacionadas con propuestas de aumento impositivo, Pietro Cardia, director jurídico de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), advirtió que cargas fiscales por encima de los estándares internacionales pueden perjudicar el desempeño económico de empresas que operan de forma legal y compliant en Brasil.

Por su parte, João Fraga, CEO de la empresa de soluciones de pago Paag, señaló que cambios tributarios en un mercado aún joven pueden impactar directamente las estrategias de negocio, especialmente a menos de un año del inicio de operaciones bajo el nuevo marco regulatorio.

El sector organizado también ha reforzado públicamente la necesidad de equilibrar la recaudación con la capacidad de competir en un mercado donde aún existe una fuerte competencia ilegal.

Entidades como el Brazilian Institute for Responsible Gaming (IBJR) advierten que, si el enfoque fiscal se concentra únicamente en la recaudación sin un fortalecimiento paralelo de la fiscalización contra operadores no licenciados, los actores regulados podrían perder espacio frente al mercado informal, aumentando el riesgo y la erosión de ingresos fiscales.

Este debate vuelve al centro de la agenda en un momento en que el Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional discuten ajustes fiscales más amplios, en los que la tributación de las apuestas ya ha sido mencionada explícitamente como parte de estrategias de recaudación.

Un mercado más grande, más claro — y más exigente

Los acontecimientos de la semana apuntan a un denominador común: Brasil avanza rápidamente hacia un mercado regulado más estructurado, pero también más riguroso.

Hay mayor claridad jurídica, más control institucional y mayor competencia, pero también costes más elevados y menos margen para la improvisación.

Para quienes observan el país como parte de una estrategia internacional, el momento exige una lectura cuidadosa. Brasil sigue ofreciendo escala y potencial, pero demanda madurez regulatoria, planificación fiscal y una visión de largo plazo.

La consolidación del iGaming en Brasil entra en una fase decisiva. La combinación de una regulación más amplia, el crecimiento del número de operadores, la profesionalización de la inteligencia de mercado y el aumento de la presión fiscal dibuja un escenario más previsible —y al mismo tiempo más selectivo.

El país deja definitivamente atrás la condición de mercado emergente desorganizado y pasa a operar bajo reglas más claras y una supervisión constante.

Para las empresas que consideran a Brasil dentro de su estrategia internacional, el momento requiere decisiones bien calibradas.

El potencial de escala sigue siendo elevado, pero aumentan los costes de entrada y operación, así como la necesidad de compliance, eficiencia y diferenciación.

La tendencia apunta a un crecimiento continuo, pero más racional, favoreciendo a los actores preparados para competir en un entorno regulado, competitivo y fiscalmente más exigente.