Desde el acceso a la App Store hasta disputas por el presupuesto policial, cuatro desarrollos esta semana reconfiguraron el panorama regulatorio y comercial para los operadores licenciados en Brasil

Uno de cada diez adolescentes brasileños apostó en plataformas en 2025

El verdadero problema está en otro lado

Un estudio encargado por la plataforma de verificación de identidad Unico y realizado por Ipsos con 1.200 jóvenes brasileños de entre 10 y 17 años reveló que el 11% de esa población realizó apuestas en plataformas de betting durante 2025.

La mayor concentración se produjo en los últimos cuatro meses del año, cuando el 9% de los encuestados reportó haber apostado. Los datos fueron publicados originalmente por Estadão.

Los números se concentran en los grupos de mayor edad y entre los encuestados masculinos. Entre los varones de 16 y 17 años, el 20% afirmó haber realizado apuestas en línea.

Entre las mujeres de 14 y 15 años, la cifra fue del 14%, más del triple del índice registrado entre niñas de 10 a 13 años, donde el 4% reportó acceso a plataformas de apuestas o juegos como el “tigrinho.”

Lo que los datos revelan sobre el mercado ilegal

Los hallazgos son significativos no porque señalen fallas en el mercado regulado, sino porque evidencian lo que ocurre más allá de él.

Desde enero de 2025, todos los operadores autorizados en Brasil están obligados a implementar reconocimiento facial en tiempo real como parte de sus procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC), lo que hace prácticamente imposible que un menor de 18 años se registre en una plataforma autorizada.

Las transacciones por Pix están restringidas a cuentas con la misma titularidad del registro en la plataforma. Los operadores que incumplan enfrentan multas de hasta R$2.000 millones y la revocación de la licencia.

Luis Felipe Monteiro, CEO para América Latina de Unico, identificó la vulnerabilidad central: “El principal desafío hoy es que gran parte de internet todavía opera con mecanismos frágiles de verificación de edad, basados únicamente en autodeclaración.

En la práctica, hacer clic en un botón que dice ‘soy mayor de 18 años’ es suficiente para acceder a diferentes tipos de contenido o servicios.”

La curiosidad fue el principal motivo citado por los jóvenes para apostar, mencionado por el 41%.

La perspectiva de ganar dinero fácil fue citada por el 34%, mientras que la influencia de los creadores de contenido registró apenas el 9%, una cifra que complica la narrativa predominante sobre el papel de los influencers en el juego entre menores.

El marco regulatorio continúa fortaleciéndose

El Estatuto Digital del Niño y el Adolescente de Brasil, en vigor desde el 17 de marzo, exige que las plataformas digitales implementen mecanismos para prevenir el uso excesivo o compulsivo entre los jóvenes, disposición que cubre explícitamente las apuestas y los juegos digitales.

La App Store se abre a los operadores de apuestas licenciados en Brasil

En un avance que la industria venía impulsando desde el lanzamiento del mercado regulado, Apple actualizó sus políticas de la App Store el 8 de mayo para permitir la distribución de aplicaciones de apuestas de cuota fija en Brasil.

El cambio aplica exclusivamente a los operadores que posean una licencia válida emitida por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.

La medida pone fin a un período en el que el ecosistema iOS mantenía restricciones más estrictas para las aplicaciones de apuestas en el mercado brasileño que en mercados regulados comparables de Europa.

Esas limitaciones habían llevado a los operadores licenciados a priorizar versiones web móviles y Progressive Web Apps en lugar de aplicaciones nativas, una desventaja estructural en un mercado donde el smartphone es el principal punto de acceso del apostador.

Requisitos para la distribución en la App Store

Para los operadores que busquen publicar sus aplicaciones, Apple ha establecido un proceso de revisión específico.

Actualizar la información del app en App Store Connect sin subir una nueva versión no iniciará una revisión. Los desarrolladores deben incluir los detalles de la licencia brasileña en la sección App Review Information, insertar la información en el campo Notes y adjuntar documentación que acredite la autorización operativa.

Las aplicaciones clasificadas como contenido de juego de azar deben llevar una clasificación de edad 18+ en Brasil, aplicada automáticamente cuando el desarrollador confirma contenido de apuestas en el cuestionario de clasificación.

La lectura de la industria es clara: la actualización representa el reconocimiento internacional del marco regulatorio brasileño por parte de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo.

Las implicaciones prácticas se extienden a toda la estrategia comercial.

El móvil ya representa la mayor cuota de acceso de usuarios en Brasil, y la disponibilidad de aplicaciones iOS nativas abre nuevas posibilidades para la optimización de conversión, la retención de usuarios, las estrategias de CRM y las campañas de notificaciones push, herramientas que las soluciones web no pueden replicar completamente.

La actualización acerca a Brasil a las condiciones operativas de los mercados regulados consolidados de Europa, donde los operadores licenciados distribuyen desde hace tiempo aplicaciones nativas a través de los ecosistemas móviles oficiales sin restricciones.

La reguladora de apuestas de Brasil lleva la experiencia nacional a Bogotá

Daniele Cardoso, secretaria de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil, representó al país en la 10ª Cumbre Iberoamericana de Juegos, que concluyó el 6 de mayo en Bogotá, Colombia.

El evento, celebrado bajo el lema “América Latina: un mercado regulado que impulsa oportunidades”, reunió a autoridades y representantes de 15 países iberoamericanos junto a empresas globales y asociaciones del sector.

La institución anfitriona fue Coljuegos, el regulador colombiano de juegos vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cardoso participó en el panel “Regulación y licencias en América Latina: el marco de estabilidad”, donde expuso la trayectoria del proceso regulatorio brasileño y los desafíos de construir un marco para un mercado que ya operaba plenamente cuando se redactaban las normas.

Trazó la base legal desde la Ley 13.756/2018 hasta la Ley 14.790/2023, que estableció el régimen regulatorio de apuestas de cuota fija, definiendo las reglas de entrada y permanencia en el mercado, el proceso sancionador, las medidas de protección al consumidor y los mecanismos para abordar las externalidades negativas de la actividad.

“Participar en encuentros internacionales nos permite conocer las experiencias de otros países, intercambiar buenas prácticas y mejorar las herramientas regulatorias legales y tecnológicas”, afirmó Cardoso.

“Esto contribuye a un entorno más seguro, transparente y protegido para el apostador.”

Una mesa iberoamericana de referencia

El panel contó también con:

• Luis Filipe Coelho, director del Servicio de Regulación e Inspección de Juegos de Portugal;
• José Luis Pérez, director de Regulación y Registro de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú;
• Juan Carlos Santaella Marchán, director de la Comisión de Juegos de Puerto Rico;
• Maria de Lourdes Ramírez, directora General de Juegos y Sorteos de México;
• Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Un segundo panel, centrado en el juego responsable como motor de sostenibilidad a largo plazo, abordó la protección al consumidor como eje central de las operaciones de la industria, con énfasis en la implementación de políticas y herramientas capaces de garantizar la viabilidad del modelo de negocio con base en la protección de los clientes.

La presencia de Brasil en Bogotá refleja el peso creciente que el país tiene en las conversaciones regulatorias regionales.

Con uno de los marcos de licencias más completos de América Latina ya en su segundo año de operación, los reguladores brasileños son cada vez más consultados como referencia por sus pares en la región.

Fuerzas policiales disputan el control de los ingresos fiscales de las apuestas 

Una medida provisional firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a principios de abril ha generado una tensión significativa dentro de las fuerzas de seguridad federales de Brasil por la distribución de los ingresos derivados de la tributación de las apuestas de cuota fija.

La medida destina hasta R$200 millones al Fondo para el Equipamiento y Operacionalización de las Actividades Principales de la Policía Federal, conocido por su acrónimo Funapol, con el objetivo declarado de cubrir los beneficios de salud de los agentes de tres fuerzas policiales federales: la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y la Policía Penal Federal.

Un reparto que no está garantizado

El encuadre político presentó la medida como una victoria compartida para las tres fuerzas. La realidad legal es más compleja.

El Funapol está estructural y exclusivamente vinculado a la Policía Federal.

La medida provisional no contiene ninguna garantía legal de que los fondos se distribuirán proporcionalmente entre las tres instituciones, una brecha que ha generado una preocupación sostenida dentro de la Policía Federal de Carreteras y la Policía Penal Federal, según CNN Brasil.

El contexto de la medida es relevante.

El gobierno había impulsado originalmente un Fondo Constitucional de Seguridad Pública como vehículo para este financiamiento, pero ese proyecto se estancó en el Congreso sin tiempo suficiente para su aprobación antes de que entraran en vigor las restricciones de la legislación electoral.

La medida provisional, que tiene fuerza legal inmediata, fue la solución alternativa. Resolvió el obstáculo burocrático sin resolver la disputa subyacente sobre la distribución.

El modelo establecido por la medida prevé que el gobierno transfiera, de forma progresiva hasta 2028, hasta el 3% de la recaudación total de impuestos sobre apuestas de cuota fija al Funapol.

Con el mercado regulado de Brasil registrando un GGR de R$37.000 millones en 2025, la escala potencial de esas transferencias es considerable.

Los aliados parlamentarios de la Policía Federal de Carreteras y la Policía Penal Federal han respondido presentando enmiendas que buscan ampliar el alcance de la distribución e impedir que la Policía Federal sea la única beneficiaria.

La disputa ha convertido el trámite de la medida en el Congreso en un verdadero campo de batalla legislativo, con ambas fuerzas manteniendo operaciones de lobby activas en Brasília para garantizar un trato igualitario.

Para la industria de las apuestas, el episodio ilustra una dinámica que se ha vuelto cada vez más visible desde el lanzamiento del mercado: los ingresos fiscales de los operadores licenciados ya son lo suficientemente grandes como para atraer competencia política por su asignación, un desarrollo que subraya tanto la escala que ha alcanzado el mercado regulado como la complejidad institucional de gestionarlo.

From App Store access to police budget disputes, four developments this week reshaped the regulatory and commercial landscape for licensed operators in Brazil

One in ten Brazilian teenagers bet on licensed platforms in 2025

A study commissioned by identity verification platform Unico and conducted by Ipsos with 1,200 young Brazilians between the ages of 10 and 17 revealed that 11% of that population placed bets on betting platforms during 2025.

The highest concentration occurred in the final four months of the year, when 9% of respondents reported having wagered. The data was first reported by Estadão.

The numbers are concentrated in the older age groups and among male respondents. Among boys aged 16 and 17, 20% said they had placed bets online at some point.

Among girls aged 14 and 15, the figure was 14%, more than three times the rate recorded among girls aged 10 to 13, where 4% reported accessing betting platforms or games such as “tigrinho.”

The findings are significant not because they point to failures in the regulated market, but because they highlight what lies beyond it.

Brazil’s licensed operators have been required since January 2025 to implement real-time facial recognition as part of their Know Your Customer procedures, making it virtually impossible for anyone under 18 to register on an authorised platform.

Pix transactions are restricted to accounts matching the platform registration, closing off the use of parents’ credentials.

Operators found in breach face fines of up to R$2 billion and licence revocation.

Luis Felipe Monteiro, CEO for Latin America at Unico, identified the core vulnerability.

“The main challenge today is that much of the internet still operates under fragile age verification mechanisms, based only on self-declaration.

In practice, clicking a button saying ‘I am over 18’ is enough to access different types of content or services,” he says.

Curiosity was the primary reason cited by young respondents for placing bets, mentioned by 41%.

The prospect of easy money was cited by 34%, while the influence of content creators registered at just 9% , a figure that complicates the prevailing narrative around influencer-driven gambling among minors.

The regulatory framework is tightening further.

Brazil’s Digital Child and Adolescent Statute, in force since March 17, requires digital platforms to implement mechanisms to prevent excessive or compulsive use among young people, a provision that explicitly covers betting and digital gaming.

Apple opens the App Store to licensed betting operators in Brazil

In a development the industry had been pushing for since the regulated market launched, Apple updated its App Store policies on May 8 to allow the distribution of fixed-odds betting applications in Brazil.

The change applies exclusively to operators holding a valid licence issued by the Secretariat of Prizes and Betting of the Ministry of Finance.

The move ends a period in which the iOS ecosystem maintained stricter restrictions for betting apps in the Brazilian market than in comparable regulated markets in Europe.

Those limitations had pushed licensed operators to prioritise mobile web versions and Progressive Web Apps over native applications, a structural disadvantage in a market where smartphones are the primary access point for bettors.

For operators seeking to list their applications, Apple has established a specific review process. Submitting updated app information in App Store Connect without uploading a new version will not trigger a review.

Developers must include Brazilian licence details in the App Review Information section, insert the information in the Notes field and attach supporting documentation confirming operational authorisation.

Applications classified as gambling content must carry an 18+ age rating in Brazil, applied automatically when developers confirm gambling content in the age rating questionnaire.

Apple’s guidelines state that applications must comply with all disclosure and notice requirements under Brazilian law, including age restrictions and gambling risk warnings.

Developers are directed to consult legal counsel on their specific obligations.

The industry’s reading of the update is clear: it represents international recognition of Brazil’s regulatory framework by one of the world’s largest technology companies.

The practical implications extend across commercial strategy.

Mobile already accounts for the dominant share of user access in Brazil, and the availability of native iOS applications opens new possibilities for conversion optimisation, user retention, CRM strategies and push notification campaigns, tools that web-based solutions cannot fully replicate.

The update brings Brazil closer to the operating conditions of established regulated markets in Europe, where licensed operators have long distributed native applications through official mobile ecosystems without restriction.

The full update is available on the Apple Developer News portal.

Brazil’s betting regulator takes the national experience to Bogotá

Daniele Cardoso, Secretary of Prizes and Betting at Brazil’s Ministry of Finance, represented the country at the 10th Ibero-American Gaming Summit, which concluded on May 6 in Bogotá, Colombia.

The event, held under the theme “Latin America: a regulated market driving opportunities,” brought together authorities and representatives from 15 Ibero-American countries alongside global companies and industry associations.

The host institution was Coljuegos, the Colombian gaming regulator linked to the Ministry of Finance and Public Credit.

Cardoso participated in the panel “Regulation and Licensing in Latin America: the stability framework,” where she outlined the trajectory of Brazil’s regulatory process and the challenges of building a framework for a market already in full operation at the time the rules were being written.

She traced the legal foundation from Law 13.756/2018 through to Law 14.790/2023, which established the fixed-odds betting regulatory regime, defining the rules for market entry and permanence, the sanctions process, consumer protection measures and mechanisms to address the negative externalities of the activity.

“Participating in international meetings allows us to learn from the experiences of other countries, exchange good practices and improve legal and technological regulatory tools,” Cardoso said.

“This contributes to a safer, more transparent and better protected environment for the bettor.”

The panel also included:

• Luis Filipe Coelho, director of the Gaming Regulation and Inspection Service of Portugal;
• José Luis Pérez, director of Regulation and Registration at Peru’s General Directorate of Casino Games and Slot Machines;
• Juan Carlos Santaella Marchán, director of Puerto Rico’s Gaming Commission;
• Maria de Lourdes Ramírez, General Director of Games and Lotteries of Mexico;
• Marco Emilio Hincapié, president of Coljuegos.

A second panel, focused on responsible gambling as a long-term business sustainability driver, addressed consumer protection as a central pillar of industry operations, with emphasis on the implementation of policies and tools capable of ensuring the viability of the business model while prioritising client protection.

Brazil’s presence in Bogotá reflects the growing weight the country carries in regional regulatory conversations.

With one of the most comprehensive licensing frameworks in Latin America now in its second year of operation, Brazilian regulators are increasingly sought as reference points by counterparts across the region.

Police forces dispute control of betting tax revenues as provisional measure creates internal friction

A provisional measure signed by President Luiz Inácio Lula da Silva in early April has generated significant tension within Brazil’s federal security forces over the distribution of revenues derived from fixed-odds betting taxation.

The measure directs up to R$200 million to the Fund for Equipment and Operationalisation of the Federal Police’s Core Activities, known by its Portuguese acronym Funapol, with the stated objective of covering health benefits for officers across three federal police forces: the Federal Police, the Federal Highway Police and the Federal Penitentiary Police.

The political framing presented the measure as a shared victory for all three forces.

The legal reality is more complicated. Funapol is structurally and exclusively linked to the Federal Police.

The provisional measure contains no legal guarantee that the funds will be distributed proportionally among the three institutions, a gap that has generated sustained concern within the Federal Highway Police and Federal Penitentiary Police, according to CNN Brasil.

The background to the measure matters.

The government had originally pursued a Constitutional Public Security Fund as the vehicle for this funding, but that project stalled in Congress with insufficient time for approval before electoral legislation restrictions came into force.

The provisional measure , which carries immediate legal force, was the alternative solution. It resolved the bureaucratic obstacle without resolving the underlying dispute over distribution.

The model established by the measure provides for the government to transfer, progressively through 2028, up to 3% of total fixed-odds betting tax revenues to Funapol.

With Brazil’s regulated market recording a GGR of R$37 billion in 2025, the potential scale of those transfers is substantial.

Congressional allies of the Federal Highway Police and Federal Penitentiary Police have responded by introducing amendments seeking to broaden the scope of distribution and prevent the Federal Police from being the sole beneficiary.

The dispute has transformed the measure’s passage through Congress into a legislative battleground, with both forces maintaining active lobbying operations in Brasília to secure equal treatment.

For the betting industry, the episode illustrates a dynamic that has become increasingly visible since the market launched: tax revenues from licensed operators are now large enough to attract political competition over their allocation,  a development that underlines both the scale the regulated market has reached and the institutional complexity of managing it.

Filipe Senna, Partner at Jantalia Advogados and Secretary-General of the Gaming and Betting Law Commission of the OAB/DF, analyzes the recent decision in Brazil to block predictive market platforms such as Kalshi and Polymarket.

He argues that the measure reflects a necessary regulatory step to address legal ambiguities in a segment that sits between informational tools, betting systems, and financial derivatives, reinforcing the need for coherence and equal treatment within Brazil’s evolving regulated markets.

By Filipe Senna

The blocking of predictive market platforms such as Kalshi and Polymarket in Brazil, following a measure by the National Monetary Council (CMN) and guidance from the Secretariat of Prizes and Betting (SPA), is legally sound and follows the same logic already applied to illegal betting operators. The decision does not stem from a restrictive impulse, but rather from the need to preserve the coherence of a market that has become more clearly regulated in recent years.

Although these platforms present themselves as tools for gauging public opinion, their actual operation goes beyond an informational function. A significant portion of the products offered approaches—and in some cases is equivalent to—fixed-odds betting regulated under Law No. 14,790/2023. Sporting events made available in these environments replicate dynamics similar to so-called betting exchanges, making it difficult to sustain a material distinction between one model and another.

There is also a second sensitive issue. Some of these platforms offer instruments resembling financial derivatives, with assets linked to market prices. Because they operate outside the country, they are not subject to the requirements of the Securities and Exchange Commission. The result is a relevant regulatory asymmetry, in which foreign companies compete under more favorable conditions than operators that comply with Brazilian rules.

In this context, the blocking fulfills an institutional protective function: it safeguards both the betting market and the financial market from competitive distortions. Companies operating in Brazil under authorization must comply with strict obligations, including tax payments, anti-money laundering policies, and data protection mechanisms. Allowing others to operate outside these requirements undermines the system’s fairness.

The measure also has an inducing character. If these platforms wish to operate in the country, they must adapt to the legal framework corresponding to the type of product they offer. If the activity resembles betting, it must follow betting regulations. If it approaches financial instruments, it must comply with the applicable rules for that market. This is a basic principle of economic organization in regulated sectors.

There is no violation of free enterprise. In the Brazilian legal system, economic freedom coexists with the need to comply with rules, especially in activities involving financial risk and social impact. State action, in this context, aims to ensure that competition occurs on legitimate grounds, without undue advantage for those operating outside national jurisdiction.

There is, in fact, an informational component in these environments. Predictive markets can provide useful signals about collective expectations. The problem arises when this element coexists with structures that replicate the logic of betting or high-risk financial products. In such cases, users no longer interact solely with information but instead assume risks typical of gambling or speculative operations.

An example helps illustrate this boundary. There are markets in which participants must predict, in 5-minute intervals, the variation of assets such as Bitcoin. Although presented as predictive, the dynamic is closer to gambling or mechanisms similar to the former binary options, whose nature has always been associated with high risk and insufficient user protection.

Faced with this gray area, the regulator’s stance is prudent. Suspending the activity allows for deeper debate, clearer criteria to be defined, and prevents regulatory gaps from being exploited. Only after such delimitation will it be possible to discuss, with legal certainty, any future regulation for this type of platform.

The ultimate goal is to preserve a balanced economic environment in which innovation and free enterprise can coexist with clear rules. Without this, the risk is not only legal, but also related to the credibility of the entire system.

Filipe Senna
Partner at Jantalia Advogados and Secretary-General of the Gaming and Betting Law Commission of the OAB/DF (Brazilian Bar Association, Federal District chapter). Author of the book ‘The Regulation of Luck on the Internet’.