El mercado brasileño de apuestas de cuota fija atraviesa un momento decisivo, marcado por el avance de la regulación y el rápido crecimiento del sector.  Sin embargo, este desarrollo ocurre en paralelo a la expansión de un sólido mercado ilegal, que pone en duda la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora.

En este artículo exclusivo para Gaming Americas, la abogada y directoa de Labsul, Letícia Ferraz analiza los principales desafíos, riesgos y caminos para la consolidación de un entorno más seguro, competitivo y sostenible en Brasil. 

Brasil emerge como una de las jurisdicciones más relevantes en el escenario global de las apuestas. Con un mercado de gran escala, una base significativa de usuarios y un marco regulatorio recientemente estructurado con exigencias adecuadamente rigurosas.

Sin embargo, existen serios obstáculos para la consolidación de este mercado, ya que crece, a un ritmo acelerado, una economía paralela de apuestas ilegales que ya compite e, incluso, en algunos segmentos, supera al propio sector formal.

Comprender esta dualidad es esencial para una lectura realista del caso brasileño.

Desde el punto de vista normativo, Brasil ha avanzado de manera significativa. La consolidación de las apuestas de cuota fija, especialmente a partir de 2023, estableció un modelo que busca equilibrar la apertura del mercado, la recaudación fiscal y la protección del consumidor.

Los operadores autorizados están sujetos a exigencias rigurosas que incluyen verificación de identidad, restricción a menores de edad, mecanismos de juego responsable, monitoreo del comportamiento de riesgo y reglas específicas para la publicidad.

Los resultados económicos ya son tangibles. En 2025, el sector generó aproximadamente R$ 9,9 mil millones en recaudación tributaria, con destino a áreas estratégicas como salud, seguridad pública y deporte.

Este es el retrato del mercado visible: regulado, fiscalizado e institucionalmente integrado.

Paralelamente, sin embargo, opera un mercado ilegal de proporciones igualmente significativas.

Las estimaciones indican que alrededor del 51% de las actividades de apuestas en Brasil ocurren fuera del entorno regulado, movilizando entre R$ 26 mil millones y R$ 40 mil millones al año.

Al mismo tiempo, aproximadamente el 70% de los usuarios no logra distinguir entre operadores legales e ilegales, lo que evidencia no solo fallas en la fiscalización, sino también un déficit estructural de información y transparencia.

No se trata de un fenómeno residual, sino de una economía paralela consolidada.

El mercado ilegal se beneficia de asimetrías estructurales.

Al operar fuera de la regulación, evita costos de licenciamiento, no implementa mecanismos de protección al consumidor y explota debilidades en los sistemas de supervisión financiera.

En la práctica, se forma una infraestructura paralela económicamente robusta y frecuentemente conectada con actividades ilícitas, especialmente el lavado de dinero.

Los impactos son sistémicos y se distribuyen en múltiples dimensiones. Para el consumidor, aumentan los riesgos de fraude, pérdidas financieras y uso indebido de datos personales.

Para la salud pública, la ausencia de herramientas de control potencia comportamientos de riesgo y agrava el fenómeno del juego problemático.

Para el Estado, la pérdida de recaudación es significativa y alcanza valores estimados entre R$ 7 mil millones y R$ 10 mil millones al año, comprometiendo el financiamiento de políticas públicas esenciales.

En el ámbito de la seguridad pública, se observa el fortalecimiento de estructuras criminales que pasan a operar de manera intensiva en el entorno digital, desplazando su lógica de actuación del control territorial hacia infraestructuras tecnológicas.

Los datos presentados revelan la necesidad de un amplio debate y de acciones de fiscalización y mejora de la regulación, sin que las estructuras ya delineadas sean sustancialmente alteradas.

Las propuestas que buscan restringir excesivamente el mercado regulado o aumentar de manera desproporcionada la carga tributaria tienden a generar efectos adversos.

Al reducir la competitividad de los operadores licenciados, estas medidas estimulan la migración de los consumidores hacia el entorno ilegal, donde los riesgos son mayores y las consecuencias potencialmente más dañinas.

Así, se comprende que el desafío regulatorio no reside únicamente en establecer normas, sino en garantizar que la regulación sea económicamente viable, técnicamente ejecutable e institucionalmente eficaz.

El enfrentamiento del mercado ilegal exige un enfoque coordinado y multisectorial.

Esto implica el fortalecimiento de la fiscalización sobre los flujos financieros, la actuación integrada entre organismos reguladores y de persecución penal, y la ampliación del alcance regulatorio sobre toda la cadena de valor, incluyendo intermediarios y proveedores de servicios que, incluso de forma indirecta, viabilizan operaciones ilegales.

Además, existe un componente central de educación y transparencia.

En un entorno digital en el que interfaces y marcas pueden simular legitimidad con facilidad, resulta indispensable desarrollar mecanismos claros de identificación del mercado regulado, junto con políticas consistentes de concientización del consumidor.

El país ha avanzado al estructurar su marco regulatorio.

El desafío ahora, más complejo y decisivo, es asegurar que este modelo sea capaz de competir con la economía ilegal y, progresivamente, reducir y, idealmente, eliminar su espacio de actuación.

Concluyo defendiendo que la consolidación de un mercado de apuestas seguro y sostenible en Brasil depende de una actuación coordinada entre legisladores, reguladores, empresas privadas y los propios consumidores.

El perfeccionamiento continuo de las prácticas de mercado, junto con una regulación equilibrada y efectiva, exige diálogo permanente y corresponsabilidad entre todos los actores involucrados.

Solo a través de esta construcción conjunta será posible fortalecer el entorno regulado, contener el avance de la ilegalidad y generar beneficios concretos para el Estado, los apostadores y la sociedad en su conjunto.

Letícia Ferraz
Directora Ejecutiva de LabSul y abogada.