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Panorama del mercado de apuestas de cuota fija en Brasil
El mercado brasileño de apuestas de cuota fija atraviesa un momento decisivo, marcado por el avance de la regulación y el rápido crecimiento del sector. Sin embargo, este desarrollo ocurre en paralelo a la expansión de un sólido mercado ilegal, que pone en duda la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora.
En este artículo exclusivo para Gaming Americas, la abogada y directoa de Labsul, Letícia Ferraz analiza los principales desafíos, riesgos y caminos para la consolidación de un entorno más seguro, competitivo y sostenible en Brasil.
Brasil emerge como una de las jurisdicciones más relevantes en el escenario global de las apuestas. Con un mercado de gran escala, una base significativa de usuarios y un marco regulatorio recientemente estructurado con exigencias adecuadamente rigurosas.
Sin embargo, existen serios obstáculos para la consolidación de este mercado, ya que crece, a un ritmo acelerado, una economía paralela de apuestas ilegales que ya compite e, incluso, en algunos segmentos, supera al propio sector formal.
Comprender esta dualidad es esencial para una lectura realista del caso brasileño.
Desde el punto de vista normativo, Brasil ha avanzado de manera significativa. La consolidación de las apuestas de cuota fija, especialmente a partir de 2023, estableció un modelo que busca equilibrar la apertura del mercado, la recaudación fiscal y la protección del consumidor.
Los operadores autorizados están sujetos a exigencias rigurosas que incluyen verificación de identidad, restricción a menores de edad, mecanismos de juego responsable, monitoreo del comportamiento de riesgo y reglas específicas para la publicidad.
Los resultados económicos ya son tangibles. En 2025, el sector generó aproximadamente R$ 9,9 mil millones en recaudación tributaria, con destino a áreas estratégicas como salud, seguridad pública y deporte.
Este es el retrato del mercado visible: regulado, fiscalizado e institucionalmente integrado.
Paralelamente, sin embargo, opera un mercado ilegal de proporciones igualmente significativas.
Las estimaciones indican que alrededor del 51% de las actividades de apuestas en Brasil ocurren fuera del entorno regulado, movilizando entre R$ 26 mil millones y R$ 40 mil millones al año.
Al mismo tiempo, aproximadamente el 70% de los usuarios no logra distinguir entre operadores legales e ilegales, lo que evidencia no solo fallas en la fiscalización, sino también un déficit estructural de información y transparencia.
No se trata de un fenómeno residual, sino de una economía paralela consolidada.
El mercado ilegal se beneficia de asimetrías estructurales.
Al operar fuera de la regulación, evita costos de licenciamiento, no implementa mecanismos de protección al consumidor y explota debilidades en los sistemas de supervisión financiera.
En la práctica, se forma una infraestructura paralela económicamente robusta y frecuentemente conectada con actividades ilícitas, especialmente el lavado de dinero.
Los impactos son sistémicos y se distribuyen en múltiples dimensiones. Para el consumidor, aumentan los riesgos de fraude, pérdidas financieras y uso indebido de datos personales.
Para la salud pública, la ausencia de herramientas de control potencia comportamientos de riesgo y agrava el fenómeno del juego problemático.
Para el Estado, la pérdida de recaudación es significativa y alcanza valores estimados entre R$ 7 mil millones y R$ 10 mil millones al año, comprometiendo el financiamiento de políticas públicas esenciales.
En el ámbito de la seguridad pública, se observa el fortalecimiento de estructuras criminales que pasan a operar de manera intensiva en el entorno digital, desplazando su lógica de actuación del control territorial hacia infraestructuras tecnológicas.
Los datos presentados revelan la necesidad de un amplio debate y de acciones de fiscalización y mejora de la regulación, sin que las estructuras ya delineadas sean sustancialmente alteradas.
Las propuestas que buscan restringir excesivamente el mercado regulado o aumentar de manera desproporcionada la carga tributaria tienden a generar efectos adversos.
Al reducir la competitividad de los operadores licenciados, estas medidas estimulan la migración de los consumidores hacia el entorno ilegal, donde los riesgos son mayores y las consecuencias potencialmente más dañinas.
Así, se comprende que el desafío regulatorio no reside únicamente en establecer normas, sino en garantizar que la regulación sea económicamente viable, técnicamente ejecutable e institucionalmente eficaz.
El enfrentamiento del mercado ilegal exige un enfoque coordinado y multisectorial.
Esto implica el fortalecimiento de la fiscalización sobre los flujos financieros, la actuación integrada entre organismos reguladores y de persecución penal, y la ampliación del alcance regulatorio sobre toda la cadena de valor, incluyendo intermediarios y proveedores de servicios que, incluso de forma indirecta, viabilizan operaciones ilegales.
Además, existe un componente central de educación y transparencia.
En un entorno digital en el que interfaces y marcas pueden simular legitimidad con facilidad, resulta indispensable desarrollar mecanismos claros de identificación del mercado regulado, junto con políticas consistentes de concientización del consumidor.
El país ha avanzado al estructurar su marco regulatorio.
El desafío ahora, más complejo y decisivo, es asegurar que este modelo sea capaz de competir con la economía ilegal y, progresivamente, reducir y, idealmente, eliminar su espacio de actuación.
Concluyo defendiendo que la consolidación de un mercado de apuestas seguro y sostenible en Brasil depende de una actuación coordinada entre legisladores, reguladores, empresas privadas y los propios consumidores.
El perfeccionamiento continuo de las prácticas de mercado, junto con una regulación equilibrada y efectiva, exige diálogo permanente y corresponsabilidad entre todos los actores involucrados.
Solo a través de esta construcción conjunta será posible fortalecer el entorno regulado, contener el avance de la ilegalidad y generar beneficios concretos para el Estado, los apostadores y la sociedad en su conjunto.
Letícia Ferraz
Directora Ejecutiva de LabSul y abogada.
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La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) celebró una reunión el miércoles 6 en el Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, en Brasilia, centrada en la gobernanza y regulación del mercado de apuestas en Brasil.
El objetivo fue promover un diálogo sobre integridad, transparencia y el papel del sector en la prevención del lavado de dinero y la lucha contra la ilegalidad.
El panel estuvo dirigido por la abogada de la ANJL, Giovanna Dias, y el director ejecutivo de EtherCity, Rodrigo Arrigoni.
Durante la presentación, Giovanna ofreció una introducción al panorama del mercado ilegal en el país y destacó una de las principales acciones de lucha impulsadas a través del acuerdo de cooperación técnica firmado entre la ANJL, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
Posteriormente, Arrigoni presentó la plataforma de monitoreo continuo de sitios web ilegales desarrollada por EtherCity y explicó cómo funciona la tecnología para identificar y monitorear operaciones irregulares en el entorno digital.
Al finalizar el panel, el representante de la ANJL destacó que la iniciativa representa una medida concreta para hacer frente al mercado de apuestas ilegales y reforzó la importancia de la acción conjunta entre el sector privado y las autoridades públicas para garantizar una mayor seguridad, transparencia e integridad en el mercado brasileño regulado.
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Rafael Brunati y Celso Basílio, abogados de Silveiro Advogados especializados en mercados regulados, derecho corporativo y derecho de la competencia, analizan las recientes medidas adoptadas por el Consejo Monetario Nacional (CMN) de Brasil y la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA/MF), así como su impacto en la industria del iGaming y las apuestas deportivas.
En este artículo, examinan cómo el nuevo marco regulatorio redefine los límites entre las apuestas, los instrumentos financieros y los modelos emergentes de mercados digitales, al tiempo que refuerza la Ley N.º 14.790/2023 como pilar central de la regulación del sector.
Por Rafael Brunati y Celso Basílio
El conjunto de medidas adoptadas recientemente por el Consejo Monetario Nacional (CMN) y la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) representa un nuevo capítulo en la consolidación regulatoria del mercado brasileño de iGaming y apuestas deportivas.
Más que una respuesta puntual a los llamados mercados predictivos, las iniciativas señalan un intento más amplio de reorganizar los límites entre apuestas autorizadas, instrumentos financieros y actividades consideradas irregulares en el país.
La Resolución CMN N.º 5.298/2026 prohibió la oferta y negociación de derivados vinculados a apuestas, eventos deportivos, juegos en línea y temas políticos, electorales, culturales o de entretenimiento sin referencia económico-financiera.
En la misma línea, la Nota Técnica SPA/MF N.º 2.958/2026 encuadró las plataformas de mercados predictivos como explotación ilegal de apuestas de cuota fija, lo que derivó en el bloqueo de decenas de plataformas por parte de la Anatel.
El movimiento refuerza de manera clara la centralidad de la Ley N.º 14.790/2023 como marco regulatorio exclusivo para la explotación de apuestas de cuota fija en Brasil.
En la práctica, el gobierno ha comenzado a delimitar con mayor precisión quién puede operar en este mercado y bajo qué condiciones.
Las plataformas que buscaban posicionarse como mercados financieros, contratos de eventos o estructuras tecnológicas alternativas pasaron a ser tratadas materialmente como operadores de apuestas.
El mensaje regulatorio es directo: si el producto compite por el mismo público, utiliza una lógica económica similar a las apuestas y conlleva riesgo asociado a eventos futuros, tiende a quedar dentro del perímetro regulatorio de la SPA.
Desde la óptica regulatoria y de competencia, esto genera un efecto relevante para los operadores autorizados.
Las empresas que invirtieron en licencias, cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, integridad deportiva, políticas de juego responsable y estructura regulatoria dejan de competir con plataformas que operaban al margen de estas exigencias mediante encuadres jurídicos alternativos. Se produce así un fortalecimiento indirecto del valor económico de la licencia regulatoria otorgada por la SPA.
Al mismo tiempo, este fortalecimiento viene acompañado de un aumento significativo de las obligaciones operativas y de cumplimiento.
Las recientes medidas también reabren un debate importante sobre los límites regulatorios de las llamadas betting exchanges y los modelos peer-to-peer.
La propia Nota Técnica SPA/MF N.º 2.958/2026 reconoce que la negociación entre apostadores y la existencia de precios dinámicos no desnaturalizan necesariamente la condición de apuesta de cuota fija. Esta interpretación es relevante porque acerca los mercados predictivos a las estructuras de bolsas de apuestas ya previstas en la Ley N.º 14.790/2023.
Este punto podría abrir espacio, en el futuro, para modelos regulados de betting exchange en Brasil, siempre que estén dentro del perímetro autorizado por la SPA.
Sin embargo, la regulación operativa de este formato aún no ha sido desarrollada por la autoridad, lo que mantiene un nivel importante de incertidumbre para los operadores interesados en innovación de producto.
Desde otra perspectiva, las medidas también tienden a generar una intensa judicialización. Existen debates relevantes sobre los límites de la competencia del CMN para restringir ciertos tipos de derivados, sobre la actuación interpretativa de la SPA respecto a los mercados predictivos y sobre el bloqueo de plataformas sin orden judicial.
Independientemente del desenlace de estas disputas, lo cierto es que el mercado brasileño de iGaming y apuestas deportivas entra en una nueva fase.
La lógica regulatoria deja de centrarse únicamente en la autorización formal para operar y pasa a incorporar de forma más intensa temas como integridad financiera, protección de usuarios vulnerables, gobernanza de datos, trazabilidad de pagos y supervisión operativa continua.
El sector continúa creciendo, pero ahora dentro de un entorno significativamente más sofisticado —y más exigente. Para los operadores autorizados, esto representa simultáneamente una barrera de entrada para competidores irregulares y un aumento relevante en los costos de cumplimiento. En un mercado cada vez más regulado, la diferencia competitiva tiende a depender menos de la capacidad de ofrecer apuestas y más de la capacidad de operar con seguridad regulatoria, integridad operativa y rápida adaptación a las nuevas exigencias del Estado.
Rafael Brunati, abogado en las áreas de Derecho Societario, Contratos, M&A y Private Equity, así como del sector bancario en Silveiro Advogados, es graduado en Derecho por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, posee un LL.M en Derecho Societario por INSPER y es miembro de la Comisión de Derecho Bancario de la OAB/SP.
Celso Basílio, abogado en las áreas de Mercados Regulados, Telecomunicaciones, Contratos y Derecho de la Competencia en Silveiro Advogados, es máster en Derecho por la FGV Derecho SP, posee un LL.M en Derecho de los Contratos por INSPER y es graduado en Derecho por la Universidad Presbiteriana Mackenzie.
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El Congreso multiplica los proyectos de ley sobre apuestas, pero la prevención sigue siendo marginal
El Congreso brasileño ha incrementado significativamente su actividad legislativa sobre las apuestas en línea entre 2023 y 2025, pero un nuevo estudio muestra que solo una pequeña fracción de las propuestas se centra en la prevención y la salud pública.
Según una encuesta publicada por el Instituto de Estudios de Políticas de Salud (IEPS), en colaboración con el Frente Parlamentario para la Promoción de la Salud Mental (FPSM) y Umane, la respuesta a la rápida expansión de las apuestas sigue fragmentada y en gran medida desconectada de las prioridades de la política de salud.
El informe analizó 231 proyectos de ley presentados entre enero de 2019 y marzo de 2026, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Las propuestas abarcan 19 partidos políticos e incluyen legislación activa, archivada y promulgada. La investigación identificó un aumento de seis veces en los proyectos de ley relacionados con las apuestas, pasando de 18 en 2023 a 117 en 2025.
A pesar de este aumento, solo el 6,1% de las propuestas se centran en políticas de gobernanza y prevención relacionadas con los daños del juego.
La mayoría de las iniciativas se concentran en reglas operativas para las plataformas de apuestas (30%) y en la regulación de la publicidad y el patrocinio (23%).
Las apuestas son vistas más como un producto comercial que como un problema de salud pública
Según la directora de relaciones institucionales del IEPS, Rebeca Freitas, el patrón legislativo sugiere que los legisladores han tratado predominantemente las apuestas en línea como un mercado comercial en lugar de un riesgo para la salud.
El instituto sostiene que las apuestas deberían regularse bajo un marco de salud pública, similar a la regulación del tabaco, dado su potencial de adicción y daño financiero.
Freitas también señala que el aumento de las propuestas legislativas no se traduce necesariamente en una regulación efectiva. Muchos proyectos de ley se solapan, carecen de coordinación o no logran avanzar en el Congreso.
La publicidad se convierte en un campo de batalla regulatorio central
Entre los 53 proyectos de ley centrados en la publicidad, 37 proponen restricciones o prohibiciones totales a la promoción de apuestas.
El debate refleja tendencias internacionales, como las restricciones del Reino Unido a los patrocinios de apuestas en las camisetas de fútbol. En Brasil, sin embargo, más del 80% de los clubes de fútbol de la Serie A mantienen acuerdos de patrocinio con empresas de apuestas.
Los investigadores destacan que la regulación de la publicidad podría tener un impacto significativo en la salud pública, particularmente porque las plataformas de apuestas digitales están diseñadas con elementos de ingeniería del comportamiento, como estimulación por colores, animaciones y mecánicas de retención que fomentan el uso continuo.
Algunas propuestas legislativas intentan abordar este problema de manera más directa. Un ejemplo es el PL 1841/2025, que introduce mecanismos de interrupción automática para el acceso de los usuarios, mientras que el PL 4294/2025 propone el uso de herramientas tecnológicas para identificar comportamientos de juego de riesgo.
Rápido crecimiento de los daños relacionados con las apuestas en el sistema de salud pública
Los datos de la Tercera Encuesta Nacional sobre Alcohol y Drogas (LENAD III), realizada por la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), estiman que el 7,3% de los brasileños muestra algún nivel de comportamiento de juego asociado con daños potenciales.
Al mismo tiempo, el sistema de salud pública (SUS) ha informado de un fuerte aumento en los casos relacionados con la adicción a las apuestas.
Según el informe del IEPS, la demanda de tratamiento casi se duplicó en 2025 en comparación con el año anterior, lo que indica que los servicios de salud están luchando para mantener el ritmo de la expansión del mercado.
Las disputas por los ingresos eclipsan la agenda de prevención
El informe también destaca una disputa política sobre los ingresos fiscales de las apuestas, que aumentaron de R$ 38 millones a R$ 6,8 mil millones en un solo año, según datos de la Recaudación Federal citados en el estudio.
Entre los 41 proyectos de ley relacionados con la tributación y la asignación de ingresos, la mayoría de las propuestas se centran en distribuir fondos en áreas como salud, seguridad, deportes, protección ambiental e incluso bienestar animal.
Un ejemplo, el PL 1959/2025, propone la creación de un fondo nacional para abordar los impactos del juego, pero prioriza el bienestar animal y la seguridad pública por encima de la prevención de la adicción al juego.
Pocas propuestas apuntan a restricciones estructurales del mercado
A pesar del rápido crecimiento del sector, solo seis proyectos de ley —menos del 3% del total— proponen una prohibición total o restricciones estructurales a las apuestas en línea. Algunas de estas iniciativas buscan revocar el marco legal actual de Brasil, incluida la Ley 14.790/2023, que regula las apuestas de cuota fija.
El IEPS advierte que Brasil está experimentando una “carrera regulatoria” sin coordinación ni planificación estratégica. Según Freitas, el volumen de propuestas no refleja madurez regulatoria, sino fragmentación política.
Presión política y falta de una estrategia integrada
El instituto sostiene que la respuesta legislativa de Brasil carece de un enfoque unificado del juego como un problema de salud pública.
Si bien el Congreso demuestra conciencia de la rápida expansión del sector, todavía no existe una estrategia regulatoria integrada capaz de abordar simultáneamente la adicción, la protección del consumidor y la supervisión del mercado.
El estudio concluye que las apuestas todavía se tratan en gran medida como una actividad económica en lugar de un riesgo conductual, lo que deja una brecha entre la regulación y el impacto social en el mundo real.
El 25% de los brasileños apostó en línea en el último mes, según una encuesta
Un estudio separado de Meio/Ideia refuerza la escala de la adopción de las apuestas en Brasil.
La encuesta, realizada a 1.500 encuestados, encontró que el 25% de los brasileños realizó apuestas en línea en los últimos 30 días. Los datos tienen un margen de error de 2,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
La investigación destaca que las apuestas se han convertido en un problema social y político, con implicaciones para las políticas públicas e incluso para la dinámica electoral.
Diferencias de género, ingresos y regiones
Los hombres muestran una mayor participación en las apuestas en línea que las mujeres, con un 28,8% frente a un 21,5%.
Sin embargo, las mujeres son más propensas a apoyar una regulación más estricta o una prohibición total, mientras que los hombres se inclinan más por apoyar la continuidad del mercado.
El nivel de ingresos no afecta significativamente el comportamiento de apuesta, ya que las tasas de participación se mantienen relativamente estables en la mayoría de los niveles de ingresos, excepto para los de mayores ingresos, donde la participación cae.
Regionalmente, el Norte de Brasil lidera la actividad de apuestas con un 41,4%, seguido por el Centro-Oeste, Noreste, Sur y Sureste.
Percepción pública: dominan las preocupaciones por la adicción y la deuda
La mayoría de los brasileños asocia las apuestas en línea con el riesgo financiero. Alrededor del 59% cree que las apuestas contribuyen al endeudamiento de los hogares, mientras que el 61,9% dice que pueden conducir a la adicción.
Estas preocupaciones son particularmente fuertes entre las personas de 35 a 44 años.
La opinión pública está dividida sobre la prohibición: el 44% apoya una prohibición total, mientras que el 24% se opone. Un tercer grupo apoya permitir las apuestas pero prohibir la publicidad.
Una creciente falla política y social
El estudio sugiere que las apuestas se están convirtiendo en un tema político importante en Brasil, especialmente antes de las próximas elecciones.
Los investigadores advierten de una contradicción estructural: mientras el gobierno se beneficia del aumento de los ingresos fiscales, también enfrenta niveles crecientes de deuda en los hogares vinculados al comportamiento de apuesta.
Al mismo tiempo, las plataformas de apuestas ilegales siguen estando muy extendidas, representando un estimado del 51% del mercado, según el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), con operaciones ilegales que mueven aproximadamente R$ 40 mil millones anuales.
La regulación aún va a la zaga de la realidad
Ambos estudios convergen en la misma conclusión: las apuestas se han expandido rápidamente en Brasil, pero la regulación, la prevención y las respuestas de salud pública no han mantenido el ritmo. Mientras el Congreso acelera la producción legislativa, la ausencia de coordinación y enfoque estratégico continúa limitando la efectividad de la política pública.
El resultado es un panorama regulatorio fragmentado en el que coexisten los intereses económicos, las preocupaciones de salud pública y las presiones políticas sin un marco unificado capaz de abordar la escala del fenómeno.
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